«¿Pagar por un empleo público?» Colaboración de Benjamí Anglès Juanpere

El cobro a un candidato en la intermediación laboral y en procesos de selección de personal está prohibido por el art. 7.1 del Convenio 181 OIT sobre agencias de empleo privadas, el art. 34.4 de la Ley de Empleo de 2015, el art. 5 c) del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación y el art. 12.4 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Esta prohibición parece chocar con la habitualidad con que se cobra una tasa para el acceso a procesos de selección en las administraciones públicas, popularmente llamados «oposiciones». Para explicarnos el motivo de esta práctica ha querido colaborar en este blog el profesor Benjamí Anglès Juanpere, compañero de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, al que agradezco su participación y del que podréis ver más información al final de esta entrada.

«¿Pagar por un empleo público?»

Una de las muchas diferencias entre el sector público y el privado la encontramos en el acceso a los procesos de selección, ya que, mientras la legislación laboral prohíbe a las empresas privadas cobrar cantidad alguna a los candidatos a un puesto de trabajo, es muy habitual que los participantes en unas oposiciones tengan que abonar una tasa para poder participar en las mismas. ¿Cómo es posible que se tenga que pagar para optar a un empleo en la Administración?

De acuerdo con el art. 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, todas las Administraciones Públicas pueden exigir una tasa, entre otros supuestos, por la realización de actividades de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los obligados tributarios, siempre y cuando éstas no sean de solicitud o recepción voluntaria para los mismos o no se realicen por el sector privado. En este sentido, se entiende que el proceso de selección de personal de una Administración se ajusta a los requisitos para exigir una tasa porque es una actividad sujeta a derecho público, concretamente a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; que sólo se refiere a aquellas personas que deciden participar en el mismo; que su participación es obligatoria para poder acceder a un empleo público, y cuya realización depende únicamente de la Administración convocante.

Además, y por si existiera alguna duda, el apartado l) del artículo 13 de la citada ley dice que se podrá establecer una tasa por la actividad consistente en la participación como aspirantes en oposiciones, concursos o pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública. Es decir, no solamente el proceso administrativo de selección de personal se ajusta a la definición del hecho imponible de tasa, sino que también se contempla de forma expresa entre los supuestos enumerados por la propia ley, permitiendo recaudar de forma expedita una tasa a todos aquellos que soliciten participar en el mismo. Es más, el pago de esta tasa es preceptivo, de modo que, si se solicita participar en un proceso selectivo de empleo público y no se ingresa la correspondiente cuota, el impago será motivo suficiente para excluir provisionalmente de dicho proceso al solicitante, habiendo de abonar posteriormente el importe de la misma durante el plazo de subsanación de defectos porque, de lo contrario, la exclusión será definitiva.

Una vez justificado el cobro de la tasa, ¿cómo se determina su cuantía? Según la citada Ley de Tasas, sólo se dispone que el importe de la misma no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible de la actividad administrativa de que se trate, resultando en este caso básicamente la suma de los costes directos e indirectos del procedimiento administrativo de selección de personal. También se dispone que la cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija señalada al efecto o determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos que sirvan de base imponible, siendo lo habitual en los derechos de examen un importe fijo que suele variar en función del grupo o categoría del puesto de trabajo.

En cualquier caso, toda propuesta de establecimiento de una tasa deberá incluir un informe o memoria económico-financiera que cuantifique el coste de la actividad y justifique el importe individualizado de la cuota. El incumplimiento de este último requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen la cuantía de la tasa. Precisamente, el Tribunal Supremo ha manifestado en numerosas ocasiones que el informe o la memoria económico-financiera reclamada por la Ley de Tasas no es un mero requisito formal, sino que es un instrumento de principal importancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria. La finalidad es garantizar, justificar y controlar que el principio de equivalencia se respeta, es decir, que el importe estimado de la tasa en su conjunto no supera el coste real o previsible de la actividad administrativa.

No obstante, la Ley de Tasas permite a las Administraciones Públicas convocantes establecer excepciones al pago en función de la capacidad económica del solicitante. En este sentido, pueden contemplarse algunas situaciones que permiten la exención del pago de esta tasa, como son las personas con una discapacidad igual o superior al 33%; que se encuentren desempleadas; que formen parte de una familia numerosa, o que sean víctimas del terrorismo o de violencia de género. Para poder disfrutar de una de estas exenciones, es necesario que se establezcan en una norma general o en la misma convocatoria, así como los requisitos que se tendrán que cumplir para justificar el disfrute de la misma y que se tendrán que acreditar documentalmente en el momento de la inscripción. Si por error no se acreditasen en dicho momento pero fuesen aplicables, también se podrán acreditar durante el plazo de subsanación de defectos posterior a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas provisionalmente, teniendo derecho a la devolución de la cuota pagada indebidamente.

Por consiguiente, todos aquellos que aspiren a trabajar para una Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, y no puedan acogerse a alguna de las causas de exención, tendrán que contribuir al pago de los gastos que conlleva el proceso administrativo de selección de personal mediante el pago de la correspondiente tasa en el momento de la inscripción, sin que ello les otorgue ningún derecho más allá de poder participar en el mismo e independientemente de que acaben participando o de si aprueban o no las pruebas de acceso.

El Dr. Benjamí Anglès Juanpere es Profesor de Derecho Financiero y Tributario en los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A parte de sus labores como docente en el Master de Fiscalidad y el Grado de Gestión y Administración Pública de la UOC, también realiza labores de investigación sobre los ámbitos de los ingresos públicos; la tributación local y autonómica; los procedimientos tributarios; las criptomonedas y la fiscalidad de la nueva economía. Ha participado como ponente en múltiples congresos, y publicado artículos y capítulos de libro, siendo los más recientes «La fiscalidad de Bitcoin en España», en la revista Crónica Tributaria, núm. 173/2019 y «La viabilidad de un impuesto municipal sobre ventas», en la revista Tributos Locales, núm. 142/2019. También son habituales sus colaboraciones en medios de comunicación, como en El Periódico, el Economista o El País-Retina, además de en el Blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Twitter: @BenjaUoc

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