Breve recopilación de sentencias sobre derecho al honor y a la propia imagen (2019)

La filosofía de este blog ha sido siempre la de no dejarse llevar por los acontecimientos de la actualidad a la hora de establecer los contenidos de las entradas. Fiel a esta línea de actuación,  os presento una recopilación de  sentencias judiciales del pasado año 2019 relacionadas con el derecho a la propia imagen y con el derecho al honor, este último muy vinculado con el derecho a la libertad de expresión.

Este pequeño recopilatorio forma parte de mi contribución al Informe «El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en España 2019», elaborado por casi 50 integrantes de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS).  Este amplio trabajo (212 páginas) ha sido publicado en el nº 55 de la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, accesible online mediante suscripción o desde la mayoría de bibliotecas universitarias. Contiene la normativa y pronunciamientos judiciales más relevantes de 2019 sobre las siguientes materias: derechos fundamentales inespecíficos; contratación y empleo; vicisitudes en el contrato de trabajo; derecho colectivo; protección social; prevención de riesgos laborales; derecho procesal.

Respecto al derecho a la propia imagen:

STS de 10 de abril de 2019 (rec. 227/2017): resuelve un recurso de casación indicando que resulta válida la cláusula contractual siguiente: «El trabajador consiente expresamente, conforme a la LO 1/1982, de 5 de mayo, RD 1720/2007 de Protección de Datos de carácter personal y Ley Orgánica 3/1985 de 29 de mayo, a la cesión de su imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, siempre con el fin de desarrollar una actividad propia de telemarketing y cumplir, por tanto, con el objeto del presente contrato y los requerimientos del contrato mercantil del cliente». El tribunal afirma que dicho consentimiento no es necesario pues, al tratarse de video-llamadas entre trabajador y cliente (y no de videovigilancia), la imagen se cede en el marco del cumplimiento de un contrato de trabajo cuyo objeto lo requiere (art. 6.1 y 9.2 RGPD). Así pues, la restricción del derecho a la propia imagen es viable cuando el objeto del contrato lo sobrentiende «lo que es hasta cierto punto lógico porque, dados los avances tecnológicos existentes, la capacidad de inspirar confianza y de convencer es mayor cuando vemos la cara de nuestro interlocutor y desechamos la idea de que se habla con una máquina o con un desconocido. En este sentido se puede señalar que la información sobre una mercancía y su venta resultan más fáciles cuando el comprador ve el producto y al vendedor, como en las tiendas tradicionales» (F.J. 2º). No modifica la solución del juzgador el hecho de que las video-llamadas se lleven a cabo en pocas ocasiones puesto que «lo importante no es el mayor o menor uso que se haga de esa función, sino que el consentimiento está implícito en el contrato por su objeto y además que se ha explicitado en él por el trabajador, quien en todo momento puede revocarlo (art. 7 RGPD), o negarse a realizar tareas en condiciones que escapen al contenido propio de su contrato, sin perjuicio de las consecuencias que ello pueda tener». Finaliza la sentencia distinguiendo entre «promocionar o publicitar un producto en una campaña» y «atender a clientes dándoles información de un producto que facilite su venta por teléfono». Lo primero requerirá de una autorización específica del trabajador al no ser funciones de telemarketing objeto del contrato de trabajo.

STSJ de Madrid de 10 de junio de 2019 (rec. 319/2019): en esta resolución se establece que un circuito cerrado de televisión que no graba la imagen ni el sonido, sino que sólo permite el visionado en tiempo real del interior del establecimiento comercial abierto al público, no vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal ni el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los trabajadores. El sistema de control se había anunciado mediante un distintivo informativo sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de videocámaras, colocado en el escaparate de la tienda donde se prestaba servicio. Asimismo, cada trabajador suscribía una cláusula en su contrato de trabajo en la que aceptaba de forma expresa y voluntaria «poder ser filmado durante su jornada de trabajo».

Respecto al derecho al honor (y a la libertad de expresión):

STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 10 junio de 2019 (rec. 897/2019): dictamina que no resulta vulnerado el derecho al honor en el caso de una profesora de escuela universitaria despedida a causa de las quejas de sus alumnos consistentes en «una afirmación genérica sobre la falta de capacitación de la trabajadora para su función y un genérico desempeño incorrecto de sus funciones, sin más concreciones». Argumenta el juzgador que, ni dicha queja constituye «un manifiesto y temerario desprecio a la verdad», ni resulta calumniosa, ni se expresa de forma desmedida o excesiva, ni la empresa le ha dado publicidad ni fuera ni dentro del ámbito empresarial y académico donde se produce.

STSJ de Madrid de 19 de julio de 2019 (rec. 223/2019): considera que la publicación en la red social Twitter de comentarios ofensivos e inapropiados hacia compañeros y superiores constituye un atentado al honor de estos últimos y al buen nombre de la empresa, perjudicando su posición competitiva en el mercado. El contenido de los mensajes, la elevada capacidad de difusión de los mismos y la facilidad para identificar al trabajador, a los compañeros y a la empresa, son elementos clave para que no se contemple la posibilidad de encuadrar la conducta del trabajador dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión.

STSJ de Cataluña de 9 de septiembre de 2019 (rec. 3049/2019): se afirma que las siguientes declaraciones de un deportista profesional publicadas en su perfil de la red social Instagram no atentan contra el derecho al honor ni de su club ni de sus servicios médicos, si bien puede concluirse una crítica implícita hacia estos últimos (F.J. 2º): «(…) El año pasado me torcí el tobillo en los “play-off” de la Euroliga contra el Lomomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince así que me empujaron a volver a intentar jugar. No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado. Esta temporada está siendo la más difícil de mi carrera tratando de jugar lesionado y no puedo jugar al máximo de mis posibilidades. Sí, a veces durante la temporada he estado dispuesto a irme de un partido porque la lesión me estaba afectando a mi juego y a mi mente. No me di por vencido porque el equipo no me dejó sentarme hasta que estuviera sano y de regreso (…)».

STSJ de Madrid de 2 de julio de 2019 (rec. 107/2019): dictamina que el uso de un salvapantallas de ordenador que muestra la imagen del campo de concentración nazi de Auschwittz, sumado a la manifestación de la trabajadora de que lo utiliza «porque el empleador dirigía la empresa como si fuera un campo de concentración», constituye una conducta de vulneración del derecho al honor del empresario (de origen alemán, para más señas) no amparada por el derecho a la libertad de expresión.

STSJ de Cataluña de 15 de julio de 2019 (rec. 2080/2019): resuelve que una carta enviada al departamento de recursos humanos por parte de un miembro del comité de empresa expresando que «si Uds. hiciesen bien su trabajo y no se dedicasen a soliviantar al personal intentando hacerles la vida imposible (en el argot de la calle “tocándoles los cojones”)» no vulnera el derecho al honor de nadie, ni constituye indisciplina, ni es una ofensa a los trabajadores del citado departamento (F.J. 3º).

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