La lucha contra el desempleo de larga duración (superior a 360 días) ha experimentado un importante impulso normativo en los últimos meses. Este tipo de desempleo es una preocupación también para la Unión Europea vista la Recomendación del Consejo de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. Así, se propusieron acciones centradas principalmente en la orientación profesional individualizada (aunque también en la intermediación laboral y la formación) antes de que el desempleado lleve 18 meses inscrito como demandante de empleo.
Ese fue el motivo de la aprobación en España del Programa de Acción Conjunta para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración (2016-2018), dotado con un presupuesto de 515 millones de euros. La prioridad del programa fue la mejora de la atención a los demandantes de empleo parados de larga duración, con edades comprendidas entre los 30 y los 54 años, centrándose en medidas de orientación y formación, aunque las Comunidades Autónomas podían ampliar la aplicación de las medidas a trabajadores menores de 30 años o mayores de 55 años.
La evaluación de esa Recomendación arroja resultados positivos pero insiste en la pertinencia de seguir trabajando en esas tareas de asesoramiento y orientación.
Como he indicado, en 2019 se ha impulsado la lucha contra este tipo de paro mediante tres acciones:
1.- Una política activa de empleo consistente en una bonificación durante 3 años de la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación indefinida (1.300 euros/año y 1.500 euros/año si se contrata a una mujer) de parados de larga duración (inscritos en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación) establecida en el art. 8 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Pese a los requisitos bastante estrictos de esta disposición (podría haberse destinado también a la contratación temporal, aumentarse la cuantía o modularse en atención a los mayores de 45 años) estamos ante la primera bonificación a la contratación específicamente dirigida a este colectivo.
2.- Una política pasiva de empleo (también contenida en el mencionado Real Decreto-ley 8/2019) consistente en deshacer los recortes experimentados por el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, recuperándose el terreno perdido en materia de protección social, pero sin introducir novedades que mejoraran el subsidio. Algunas de esas posibles mejoras las comenta el profesor Pérez del Prado en el nuevo blog «El Foro de Labos» de los profesores de Derecho del Trabajo de la UC3M (que recomiendo seguir) y otras las comenté yo mismo en una anterior publicación.
3.- Plan Reincorpora-t (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración. Se trata de un paquete de 63 medidas, donde se incluyen las dos anteriores. El plan va destinado a personas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses en los últimos 18 meses, y también a aquellas personas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SEPE durante 180 días en los 9 meses inmediatamente anteriores, si son personas mayores de 45 años o si están inscritas como trabajadores agrarios. Además, también afecta a colectivos con 9 meses en paro en los últimos 18 meses mayores de 45 años, trabajadores incluidos en despidos colectivos y otras personas especialmente vulnerables.
El plan vincula el paro de larga duración con situaciones relacionadas por lo que incorpora medidas preventivas destinadas a identificar casos de precariedad laboral, pobreza, exclusión social, discapacidad, economía sumergida en el ámbito doméstico y de los cuidados familiares, etc.
Como otros planes similares, se estructuran las medidas en 6 Ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de empleo, Igualdad en el acceso al empleo, Emprendimiento y Mejora del marco institucional.
Las medidas relacionadas con la orientación se centran en una atención individualizada y un itinerario personalizado de empleo que se pretende garantizar con la incorporación de los 3.000 nuevos orientadores previstos en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.
Por su parte, las medidas relacionadas con la formación se centran en dotar al destinatario de competencias claves y digitales, informar sobre los certificados de profesionalidad y fomentar la formación con compromiso de contratación y la relacionada con sectores de interés público (rural, medioambiental, consumo de proximidad, cuidados y asistencia personal).
Las oportunidades de empleo se materializan en propuestas para incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación de entre un 5% y un 10% de desempleados de larga duración mayores de 45 años, en los proyectos e iniciativas que lleven a cabo. También para las empresas se prevé un incremento del crédito formativo, así como deducciones fiscales, si incorporan y mantienen de forma estable tasas de inserción de trabajadores que provengan del desempleo de larga duración.
Respecto al fomento del autoempleo y de la economía social y solidaria, se busca una mejora de la colaboración público-privada en estas cuestiones. Junto con la modernización e innovación de las estructuras organizativas, procesos administrativos y modalidades de atención del SEPE y entes autonómicos y locales, la voluntad de colaboración público-privada puede observarse a lo largo de todo el plan referido a las agencias de colocación, de recolocación y entidades del tercer sector.
Finalmente, quisiera destacar la medida nº 31 titulada «Empresas socialmente comprometidas y el currículum vitae anónimo para la selección de personal». Consiste en la promoción del currículum vitae anónimo o ciego entre las empresas por parte del SEPE. Sobre esta herramienta podéis ver mi trabajo aquí.
La finalidad del plan es conseguir la reincorporación al mercado de trabajo de entre 450.000 y 500.000 personas paradas de larga duración en el plazo de tres años, reduciendo en torno al 40% el número de personas de este colectivo. El plan se controlará bimestralmente y se someterá a una primera evaluación global a los 12 meses de funcionamiento.
Tras la lectura del plan lo que queda claro es que lo único que ya está desarrollado e implantado son las dos medidas que he descrito anteriormente (bonificación y subsidio). El resto dependerá de las diferentes administraciones (estatal, autonómica y local) lo que dependerá a su vez de los próximos resultados electorales. No soy optimista al respecto: recuerdo que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 se iba a valorar periódicamente y todavía espero el primer informe de seguimiento y evaluación; en cuanto a la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), jamás llegó a desarrollarse.
AFLabor 